El poder de arauco y CMPC sobre el sector público
Las influencias en el sector público se dan cada vez con más fuerza frente a conflictos ambientales donde estas empresas están presentes.
Frente a la Contaminación del río Cruces en Valdivia, empresas Arauco contrató los servicios de uno de los funcionarios creadores de la institucionalidad ambiental en Chile (CONAMA)[1]. Al renunciar éste, una vez apaciguado el conflicto, lo vuelven a contratar para dar cuenta de los problemas que la empresa enfrentaba para la aprobación, por parte de la COREMA Bío bío, de la planta de celulosa de Nueva Aldea o el evento de contaminación del Río Mataquito. En este último caso, la extraña presión de la CONAMA local, apoyada por un parlamentario DC de Curicó, cerró las posibilidades de presión de la empresa a sus supuestos aliados políticos en ese partido (Etchegaray, Zaldivar, Frei y Ortega). CONAMA Nacional se mantiene al margen del conflicto, eventualmente por la presencia de Daud por parte de la empresa, y en CONAMA Regional una directora regional emocionalmente vinculada a los actores locales afectados en las caletas de pesca artesanal de La Pesca e Iloca, de donde ella es originaria[2].
Así, no resulta extraño verificar que la empresa contratara los servicios particulares del ex ministro de agricultura Jaime Campos (partido Radical Social Demócrata), correligionario y padrino político de la máxima autoridad política regional, el intendente.
Esta influencia del poder transversal hace difícil una transformación de las cuotas de poder necesarias para que otros actores del sector forestal se vean beneficiados, a no ser que se beneficien a través de los márgenes que les permitan estos grandes consorcios. Sin duda que el mercado internacional puede constituirse en un gran aliado para ello, pero el cual también está repleto de capitalistas que juegan en el mismo ruedo de eliminar a los más pequeños y que pueden terminar amenazando de manera aún más intensa los intereses del país (precios, costos, etc).
Finalmente, la decisión política del Estado, más allá de las administraciones de turno, sean del lado político que sean, terminarán defendiendo los intereses de estos grupos empresariales capitalistas que compiten en el escenario internacional y que finalmente despiertan los ánimos nacionalistas de los tomadores de decisión final en el mundo político, así como de sus redes.
[1] Contratación de Pablo Daud, ex Jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental en CONAMA.
[2] El evento de contaminación generó la muerte de miles de peces, fuente de alimento de los pescadores artesanales de La Pesca e Iloca. La empresa ha sido multada con 2 mil millones de pesos por el Consejo de Defensa del Estado (10 de septiembre de 2007) y antes de ello la empresa se comprometío a pagar a cada familia de pescadores del Sindicato de La Pesca la suma de $500.000.- por el lápsus de 18 meses.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario