Política de conservación y modelo de desarrollo

Anoche tuve una larga conversación con un grupo de amigos que trabajan en gobierno en torno a la conservación de la biodiversidad. Planteaban su preocupación porque en las últimas administraciones de gobierno el tema de la conservación no toma la fuerza que amerita.

Y es que en la definición de las políticas momentos antes o después que asume un nuevo presidente, se fijan metas vistosas que en su implementación requieren impulsos verdaderos y transformadores. Pero en la medida que los responsables técnicos de dichas metas van viendose presionados por las mismas y sin la capacidad ni oportunidad de acompañarlas de instrumentos transformadores, terminan gestionando más por la cosmética de hacer sentir y ver que las metas se cumplen, aún sin moverse de su escritorio.

De esa forma una meta bicentenario que fija lagos, relativa a la construcción del sendero de Chile o de lograr un 10% de protección oficial de los ecosistemas relevantes, van cumpliéndose en la medida del acomodo y la cosmética.

En el caso del sendero, la idea era una senda continua que conectaría al país desde el desierto del Visviri hasta el cabo de hornos. Sin embargo, en ausencia de políticas e instrumentos a la medida de una meta bicentenario, se terminó avanzando solamente en terrenos fiscales y el SNASPE. Más allá de algunos avances en terrenos privados, que rayan en la ilegalidad, destinando fondos públicos a inversión en territorios privados, no se ha podido avanzar más.
Los técnicos del área han intentado adecuarse vía creación de fundaciones receptoras de donaciones privadas o que sean receptoras de fondos públicos, que pudieran ganarse vía licitaciones y concursos en la libre competencia (sic). Y en el caso de la senda continua, finalmente termina siendo cambiada por una red de senderos, no necesariamente continua. Y se asume que ahora cambian las prioridades. Dado que no pueden avanzar en la construcción del sendero en terrenos privados, en la medida que se se desarrollen instrumentos innovadores, se termina determinando que los esfuerzos estarán en mejorar y mantener lo avanzado.

En el caso de la meta de protección del 10%, la idea era la creación de una red de áreas protegidas públicas y privadas, el fortalecimiento del SNASPE público, creando nuevas áreas en donde los ecosistemas no estaban representados, o impulsando la conservación privada a través de incentivos que los determinaría un reglamento de áreas silvestres protegidas. Sin embargo dicho reglamento terminó siendo una publicación de una política con declaraciones de intenciones donde se traspasaba parte de la responsabilidad de conservar la biodiversidad a los privados. Bajo qué incentivos? ninguno. Pero si bajo restricciones de caracter normativo al territorio que quería proteger. Si bien algunos pudieran haber aceptado esas condiciones pues entendían que la protección oficial les facilitaría el proceso de protegerse contra intereses del mismo estado de instalar represas o carreteras en terrenos que se han mantenido relativamente poco intervenidos a la fecha. Pero aún así, no está esa posibilidad. Sería cosas de mirar la cantidad de proyectos proyectados por el gobierno en áreas protegidas privadas en el sur.

Posiblemente el caso del sendero de chile amerita la aplicación de instrumentos de pago por servicios ambientales. Configurar un esquema de aglomeración productiva en que los empresarios hoteleros, los que rentan bicicletas, caballos o kayaks, puedan pagar parte de sus ingresos al propietario de los terrenos por donde cruza en sendero de chile y que pone en riesgo la generación de incendios o tiene que lidiar con la basura o la seguridad de los visitantes.

En el caso de las áreas protegidas, primero, entender las razones profundas por las cuales el estado no está interesado en adquirir tierras para la conservación o incluso destinar terrenos fiscales a fines de conservación vía SNASPE. EN el maule por ejemplo, se podrían crear 4 nuevas áreas protegidas en manos del ministerio de bienes nacionales, que podrían sumar al menos unas 60 mil hectáreas a las casi 20 mil actualmente protegidas. No implicaría el desembolso de recursos adicionales sino que simplemente una firma del ministro de bienes nacionales y el ministro de agricultura. Uno cediendo otro aceptando.

Ese modelo no se ha dado. La política de la cosmética finalmente ha decidido mostrar que el 30% del territorio ya está protegido oficialmente bajo diferentes figuras normativas existentes desde hace décadas. Es decir, la meta de protección del 10% se cumplió ya con creces...y sin moverse del escritorio.